La aerolínea low cost Flybondi enfrenta un pedido de quiebra en la Justicia comercial debido a una deuda que supera los 660 millones de pesos por servicios hoteleros impagos. La demanda fue promovida por el Hotel Presidente, un reconocido establecimiento de cuatro estrellas ubicado en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, tras registrar un total de 49 facturas emitidas y no canceladas entre diciembre de 2025 y junio de este año.
La presentación fue realizada ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N°24, a cargo del juez Guillermo Pesaresi, quien ya intimó a la empresa a presentar la documentación relacionada con la deuda reclamada.
De acuerdo con la presentación judicial, el establecimiento hotelero —propiedad de un directivo de la Asociación de Hoteles de Turismo— decidió avanzar con el pedido de quiebra como último recurso legal ante el cese de pagos de la aerolínea y la falta de respuesta a una carta documento previa que exigía regularizar los saldos en un plazo de 48 horas. Desde el entorno demandante señalaron que se realizaron reiterados reclamos administrativos por los canales habituales antes de judicializar el conflicto financiero, el cual asciende exactamente a 660.721.114 pesos.
Este panorama judicial profundiza la delicada situación operativa y económica de Flybondi, que recientemente pasó a manos de un nuevo grupo empresario. Al pedido de quiebra se le suma otra demanda previa por parte de la compañía de transporte terrestre Manuel Tienda León, la cual exige el embargo preventivo de las cuentas de la línea aérea por un incumplimiento que ronda los 122 millones de pesos. En paralelo, la firma aeronáutica atraviesa una severa reestructuración interna que incluye la reducción drástica de su flota activa, denuncias de usuarios por cancelaciones masivas de vuelos en Aeroparque y la salida consecutiva de sus principales directivos.
El conflicto se suma a otro frente judicial que enfrenta Flybondi. En mayo, la empresa de transporte Manuel Tienda León inició una demanda para reclamar el pago de una deuda cercana a los 122 millones de pesos por servicios prestados.
La situación económica se da en paralelo con una fuerte crisis operativa. En los últimos días, la compañía canceló la totalidad de sus vuelos durante una jornada completa, una situación inédita desde el inicio de sus operaciones en 2018. Semanas antes, había logrado realizar apenas cuatro vuelos en un día utilizando un solo avión de una flota compuesta por doce aeronaves.
Las dificultades están vinculadas, según distintas fuentes del sector, a problemas de mantenimiento y al cumplimiento de contratos de leasing de sus aviones, lo que provocó reiteradas cancelaciones y reprogramaciones de vuelos.
La crisis también impactó en la estructura interna de la empresa. En los últimos meses se implementó un plan de retiros voluntarios que redujo la plantilla en unas 300 personas. Además, desde junio comenzó a aplicarse un nuevo esquema de turnos rotativos para el personal de vuelo y cabina que implica una reducción salarial cercana al 30%.
El escenario contrasta con las proyecciones anunciadas a mediados del año pasado, cuando el grupo estadounidense COC Global Enterprise adquirió el control de la compañía y prometió una fuerte expansión de la flota, con la incorporación de hasta 35 aeronaves en los próximos años.
Mientras tanto, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) ya había labrado, entre fines de 2025 y comienzos de 2026, diversas actas por cancelaciones y reprogramaciones sin previo aviso, un antecedente que reflejaba las dificultades operativas que hoy derivan en una situación judicial aún más delicada para la aerolínea.
Fuentes https://www.reportur.com/argentina/ https://diarioanticipos.com