Esto se deriva de la nacionalización, en 2008, de la aerolínea de bandera, que en ese momento estaba en manos de empresas pertenecientes al grupo Marsans. La compañía española acudió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) y en 2019 se decidió que la Argentina debía pagar USD 320 millones por esa operación forzosa.
Titan Consortium es uno de los denominados “fondos buitres” que había comprado el caso al famoso fondo Burford Capital, que a su vez había adquirido la causa en los tribunales de España, donde el grupo Marsans, el antiguo y fallido dueño de la aerolínea de bandera argentina, había llevado el caso.
Titan Consortium LLC informó este lunes, 12 de noviembre a la Corte de Distrito de Estados Unidos para Columbia, que retiró su último reclamo contra el Estado argentino, lo que, a su juicio, debería permitir la finalización del litigio contra el país por la expropiación de Aerolíneas Argentinas en el 2008.
Titan desistió de solicitar la aplicación de mayores intereses prejudiciales
relacionados con costos y honorarios, a lo que Argentina se venía resistiendo, con el fin de “facilitar la pronta resolución de este caso”. De ese modo, según el criterio del demandante, el juzgado estadounidense debería poder proceder a exigir al soberano el pago de una compensación multimillonaria.
De acuerdo a la comunicación que envió Titan al juzgado, en el caso de que Argentina no pagara la sentencia antes de fin de año, el monto total a abonar se aumentaría hasta los US$392 millones.
Ésta fue la primera negociación del gobierno de Javier Milei con un fondo buitre propietario de un fallo a su favor, y, obviamente, en contra del país. Quedan otros por más de 20.000 millones de dólares. El más importante es el que Burford Capital ejecuta contra el país por la manera en que se renacionalizó YPF en 2012, por unos 16.000 millones de dólares. Este caso tiene fallo favorable en primera instancia en los tribunales de Loretta Preska y se mantiene abierto en la Cámara de Apelaciones de Nueva York.
Según la interpretación del especialista de FinGuru, Sebastian Maril, el fallo muestra que "Argentina continúa pagando caro la incorrecta interpretación de las leyes internacionales y el incumplimiento de contratos firmados con empresas que apostaron por invertir en el país mediante concesiones de servicios públicos y similares". Según Maril, "los contribuyentes ya han abonado US$17.000 millones en fallos adversos y en compensación por la expropiación de empresas. Y aún falta".
“Se va a publicar la sentencia final, es decir, se va a reconocer el fallo del CIADI en Estados Unidos pronto, en uno o dos días. A partir de este momento Argentina está obligado a pagar el fallo o de lo contrario, empezará el proceso de embargos de activos ya sea soberanos o de la empresa”, dijo Maril.