Estas intempestivas e irresponsables medidas ya produjeron cuantiosas cancelaciones, demoras y afectaciones directas a los planes de viaje de miles de pasajeros. Situaciones de estas características determinan un gran perjuicio, tanto a los usuarios, como a la cadena de prestadores de servicios que se ven imposibilitados de llevar adelante las actividades programadas.

Las pérdidas económicas son incalculables, el desgaste de horas y actividades adicionales que requieren las reprogramaciones son insostenibles, y deben, en muchos casos, tener que absorber esos gastos personas y empresas ajenas al conflicto.

Un viaje no realizado no implica solamente vacaciones frustradas, también es dejar sin llegar a destino pasajeros que viajan por tratamientos médicos, por trabajo, por encuentros familiares y por urgencias que muchas veces no permiten dilaciones.

Solicitamos una inmediata solución a esta situación que nos permita volver a dar predictibilidad a nuestro trabajo, y no tener que seguir afrontando pérdidas económicas y de credibilidad ante nuestros pasajeros.  

Nuestra entidad siempre velará por el cumplimiento de las leyes y las normas, pero también exige que se resguarde, respete y garanticen nuestros Derechos Constitucionales. Quienes asumen que con las medidas de fuerza protegen sus derechos, deben entender que están castigando y vulnerando los derechos de todos los afectados por las mismas.

Si realmente queremos que la actividad siga siendo una de las principales generadoras de ingresos y divisas a la economía, debemos cuidarla, y darle un marco adecuado para la prestación correcta de los servicios.