Durante los dos mandatos de la ex alcaldesa Ada Colau (2015-2023), se aprobó un plan urbanístico que solo permitía abrir nuevos hoteles en la periferia, lo que provocó un impacto significativo en el mercado de alquileres de corta duración.
La necesidad de un turismo sostenible y evitar este crecimiento en la oferta de pisos turísticos que traen consigo el aumento de precio de la vivienda para los locales es el origen de esta medida. En los últimos 10 años el alquiler en Barcelona ha subido alrededor de un 70% y los precios de la vivienda ha aumentado una media del 40%.
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado que revocará las 10.101 licencias que actualmente operan como alquileres vacacionales para noviembre de 2028.
La decisión de prohibir los apartamentos turísticos ha generado controversia y se espera que desencadene una batalla legal.
El Partido Popular (PP) ya ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el decreto de la Generalitat que busca cerrar miles de viviendas para uso turístico antes de 2028. Además, la patronal Apartur está considerando recurrir a la justicia europea.
En resumen, Barcelona está tomando medidas para abordar los desafíos de la masificación turística y garantizar un equilibrio entre el turismo y la calidad de vida de sus habitantes. La prohibición de los apartamentos turísticos es un paso significativo en esa dirección y no solo un problema de esta ciudad, ya que hemos visto cómo es un problema global.